Se profundiza la crisis política en
Chile, al Pentagate y Caval se suma la extensión de la investigación de
la arista Soquimich, situaciones que desnudan la naturaleza de la
democracia emergida del período dictatorial. Nunca había ido quedando
más en claro que ahora, el andamiaje del poder real tras la fachada de
las instituciones democráticas.
Pues tras el financiamiento licito y por
sobretodo ilícito de parte de los grupos empresariales a las campañas
del duopolio, no solo se rebajan legalmente impuestos en un caso y se
establece un fraude al fisco en el otro, sino que en lo fundamental se
establece una cadena de mando entre el poder del dinero y la política.
Vinculo que retrata una práctica
político-empresarial desde el propio plebiscito del 88′ como lo confiesa
el actual candidato a la presidencia de la SOFOFA Andres Navarro y de
lo que podríamos inferir que la transición democrática más allá de la
épica histórica con la que se vivió en sus inicios por la mayoría del
país, terminó siendo un espacio democrático de disputa de las élites
empresariales por incidir en la conducción del país.
Y es que a mediados los 80′ era del todo
evidente ya para una buena parte de la propia élite empresarial que la
dominación militar sobre la sociedad ya no era suficiente para proyectar
la misma obra de la dictadura: su institucionalidad y su modelo
económico.
De ahí que la democracia pactada
finalmente tendría por fin el naturalizar ambos pilares de la sociedad,
una institucionalidad ajena a la voluntad popular y pensada para que
“gobernara quien gobernara tendría que hacerlo con las ideas nuestras”
según confeso Jaime Guzman. Y un modelo económico que negaba todo
derecho social y en su lugar -para su legitimación- implementaba una
política social asistencial, subsidiaria.
Asi las cosas, desde 1990 en adelante las
vías de financiamiento legal o ilegal de las empresas a la política han
tenido el sentido de controlar de facto el sistema político. Por lo
que el carácter democrático de nuestras instituciones quedan en cuestión
y finalmente las pugnas entre el duopolio como un espectáculo
financiado por los que finalmente toman las decisiones. ¿Como se
entiende que políticos de la Nueva Mayoría sean financiados por Ponce
Lerou ex-yerno del dictador o de empresas privatizadas por el mismo?
En este sentido, es fundamental que la
ciudadanía se movilice para lograr el esclarecimiento total de la
relación dinero y política desde 1990 en adelante, revisar como los
gobiernos del duopolio han usado el Estado como agencia de empleo para
otorgar cargos a familiares y operadores políticos, exigir la renuncia
de los parlamentarios y autoridades del Estado involucrados en los casos
PENTA, SOQUIMICH y demás empresas que vayan emergiendo de la
investigación de la Fiscalía.
Por último, la solución
integral a la crisis de representación política en que estamos varados,
es la imposición ciudadana de una Asamblea Constituyente que convoque a
los diversos sectores sociales del país a redactar una nueva carta
magna. Pues ante el maridaje entre empresariado y
casta política tenemos el deber ético de evitar que quede en sus manos
la elaboración de la Nueva Constitución.
